La Universidad de Congreso responde a una mala nota
La Universidad de Congreso nació en la década pasada y desde fines de 1998 es administrada por conocidos empresarios de nuestro medio. |
Una dura resolución de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) obligó a la Universidad de Congreso (UC) a responder a cada uno de los dictámenes negativos.
El informe, luego de detallar una serie de irregularidades económicas, jurídicas, administrativas y académicas, recomienda al Ministerio de Educación la suspensión de las actividades de dicha institución. Pero esto sólo si se confirman los supuestos desmanejos de la UC, que constan también en otros expedientes del Ministerio.
La publicación del escrito generó el rechazo inmediato de los directivos de la casa de estudios, que desde fines de 1998 es administrada por hombres de negocios, algunos de los cuales integran también el Consejo Empresario Mendocino (CEM). Es que la resolución se armó sobre la base del informe anual 1999 de la universidad (el último que recibió la Coneau de la UC y que llegó luego de una serie de retrasos).
Ante la consulta de este diario, los directivos universitarios refutaron una a una las objeciones del texto de la Coneau. Dijeron que han realizado una serie de mejoras que constan en el informe 2000 de la UC (ver aparte). Pero no mostraron ninguna documentación que avale sus dichos, a pesar de insistentes pedidos.
La resolución de la Coneau -que actúa como órgano asesor del Ministerio de Educación- lleva el número 122/01 y fue publicada el 16 de abril. Textualmente dice que “la universidad ha incurrido en irregularidades de la mayor gravedad”. Entre las observaciones la Coneau incluye: incumplimientos respecto del plan original de la universidad, la discontinuidad en el área de la investigación, la falta de institucionalización de las actividades de extensión universitaria, la inexistencia de una carrera docente y de políticas de incentivo para el desarrollo académico de los profesores.
Cuestionamientos
Por otro lado, la resolución, que puede leerse en Internet en la página de la Coneau, cuestiona la falta de definición en cuanto a la entidad que se encuentra respaldando a la institución. “Se advirtió la existencia de al menos dos fundaciones”, dice el informe y menciona a la Fundación Postgrado de Congreso (la legalmente autorizada) y la Fundación Universidad de Congreso, “que parece haber venido ejerciendo de hecho la gestión”.
En cuanto al aspecto patrimonial, la Coneau explica que la última información de que dispone (proporcionada por la universidad) es la de 1998, año en el que la institución presentaba un rojo de 1.004.469 pesos, de los cuales la mitad corresponden a deuda fiscal (es decir que carecía del millón de pesos exigido por la normativa para la creación de una universidad).
Respecto de estos dos puntos, la comisión explica que existe en el ministerio un expediente, el 904/98, por el cual precisamente se tramitan estas irregularidades (de orden patrimonial, jurídico, económico y técnico administrativo).
Lo que suceda con este expediente es clave ya que la Coneau subraya en sus conclusiones que si se confirman estas irregularidades “el Ministerio debiera ejecutar las acciones necesarias... considerando incluso la pertinencia de suspender la actividad académica hasta tanto se regularice la situación de la institución”.
Los Andes consultó en la Secretaría de Educación Superior de la Nación el estado de ese expediente. Altas fuentes de la repartición dijeron que se espera una resolución de ese documento para los próximos días. “Ya está claro el tema de la fundación que respalda a la institución y que es la legalmente autorizada Fundación Post Grado de Congreso. El aspecto patrimonial también está en vías de solución”, dijo un asesor de la oficina de Juan Carlos Gottifredi, secretario de Educación Superior.
Por su parte, el presidente de la Coneau, Juan Carlos Pugliese, dijo a este diario que cuando la UC mande el informe 2000 van a emitir un juicio definitivo. “Entonces veremos si levantamos o no la recomendación de suspensión. Por ahora los cambios no nos constan”, remarcó.
Hoy ese informe se encuentra en el Ministerio de Educación pero no ha sido remitido a la comisión evaluadora. Allí constarían las mejoras que encaró la universidad el año pasado.
Estas son, textualmente, algunas objeciones que constan en la resolución:
l No hay en el informe anual ninguna referencia a la existencia y funcionamiento del consejo académico.
l Se pone de evidencia la inconsistencia y escasa confiabilidad de las cifras ofrecidas por la institución en relación a los ingresantes por año.
l Resulta llamativa -si no alarmante- la evidente y reconocida discontinuidad en el área de investigación. De ser así, esta institución no cumpliría con las funciones fundamentales de la educación superior.
l Entre los profesores predominan las contrataciones con baja dedicación horaria (el 70% de las contrataciones tiene entre 3 y 4 horas cátedra) y se evidencia escasa proporción de posgraduados.
l La universidad no ha implementado una carrera docente y no existe ninguna política de incentivo o promoción para el desarrollo académico de los profesores.
l Resulta llamativo que en el contexto de crisis financiera declarada por la universidad, ésta haya realizado una importante inversión en un edificio que poco después dejó de ser utilizado, lo que remite una vez más a la aparente improvisación con que está siendo gestionada la institución.
“La resolución comete errores de forma y fondo”
“La resolución mencionada, además de cometer errores de forma y de fondo, versa sobre temas informados por las autoridades de la UC relativos al año 1999. Resulta trascendente resaltar que son esas cuestiones jurídicas, económicas y administrativas las que encontró esta nueva administración y que hicieron que la UC tuviera en el ‘98 serios problemas que pusieron en riesgo su continuidad”.
Con estas palabras el rector de la Universidad de Congreso, Daniel Pereyra, descalificó la resolución de la Coneau y deslindó responsabilidades hacia atrás: la actual administración culpa a sus antecesores por el estado en que supuestamente les entregaron la universidad, a fines de 1998.
En una carta dirigida a este diario, Pereyra subrayó que “es importante señalar que todas y cada una de las indicaciones de la Coneau han sido resueltas en su totalidad y se encuentran en la sede del Ministerio de Educación”. Y agregó: “Resulta de toda evidencia que no existe a la fecha fundamento alguno que autorice la adopción de las medidas que sugiere la Coneau, como lo han admitido los organismos actuantes”.
Por otro lado, Pereyra dijo que no descartan tomar medidas contra el Ministerio de Educación ya que a su juicio no remitió a la Coneau con suficiente celeridad la información que la UC envió.
Respecto de la situación patrimonial de la universidad, el rector señaló que ya se ha cumplido con la exigencia de la normativa de disponer de un millón de pesos para funcionar. Al mismo tiempo señaló que se pidió el traspaso a Mendoza de la Fundación Post Grado de Congreso para que actúe como única entidad de respaldo de la UC.
En otro orden, Pereyra explicó que el consejo académico está constituido y lo forman personas de amplia trayectoria académica. Además explicó que todos los profesores son elegidos por concurso y dijo que muchos tienen dedicación exclusiva. Pero no pudo aportar cifras. Sí aclaró que el 21% tiene título de posgrado.
El rector refutó que no exista en la UC una estructura de investigación. Dijo que este departamento cuenta incluso con una publicación internacional. En cuanto a la extensión universitaria destacó la creación de la Escuela de Negocios y la próxima inauguración de una radio (FM 2).
Imputados en una causa
La ex ministra de Educación menemista, Susana Decibe; su asesor, Javier Nagata y el ex apoderado de la Universidad de Congreso, José Blas Made, están imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Made entraría como partícipe) en una querella penal que inició el ex rector de esa casa de estudios, Oscar Klier. Así lo requirió al juez federal Alfredo Manuel Rodríguez la fiscal María Gloria André.
Apenas dejó la universidad (poco antes de que se hicieran cargo los empresarios ligados al CEM), Klier fue denunciado por Made por administración fraudulenta de la casa de estudios. Sobreseído meses después, el ex rector demandó a quienes consideró que habían orquestado su alejamiento de la entidad. El hombre denunció lo que consideró “una conjura del poder corporativo” de la cual Decibe y su asesor, dijo a la Justicia, habrían participado. Hoy la causa está en una etapa de sustanciación de pruebas.
Orientación en Relaciones Internacionales de América Latina de la Licenciatura en Relaciones Internaciones
Analista Universitario en Administración Analista Universitario en Comercialización Analista Universitario en Comunicación Analista Universitario en Gestión Ambiental Analista Universitario en Relaciones Internacionales
Técnico Superior en Gestión Ambiental Técnico Universitario en Turismo
Por esto, del total de la oferta de grado inicialmente prevista, faltan implementar dos carreras de grado y seis de las orientaciones, así como los siete títulos intermedios proyectados.
Con anterioridad se ha observado que la Universidad ha cumplido en general con los pasos formales exigidos para la apertura de nuevas carreras. No obstante, surgen algunas dudas pues no se explica la relación entre la orientación en Gestión Ambiental de la Licenciatura en Administración en funcionamiento desde 1995 y la Licenciatura en Gestión Ambiental aprobada en 1997, pues al ofrecerse información sobre alumnos se menciona que las cifras corresponden a la "Licenciatura en Administración con Orientación Ambiental, cuyos alumnos articularon para la Licenciatura en Gestión Ambiental" (fs. 9) y, dado que no hay datos para la primera, podría inferirse que la misma ha sido desactivada y reemplazada por ésta.
En cuanto al Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación, se afirma que se estima la apertura de la segunda para el ciclo lectivo 2001, para lo cual la Universidad se preparará "académica y presupuestariamente" (fs. 427).
En relación con la Licenciatura en Turismo, cuya actual oferta es a término y se realiza por articulación con instituciones de nivel terciario, se informa que la nueva conducción establecerá su continuidad una vez estimada esta oferta inicial (fs. 427¬428)
Sobre la oferta de carreras proyectada para los cinco primeros anos de funcionamiento en el plan de desarrollo original, se observa que la Universidad de Congreso no diversificó su oferta hacía el nivel de posgrado como lo tenía previsto, aunque las nuevas carreras implementadas responden en general a las áreas disciplinarias y temáticas privilegiadas en el plan de desarrollo. En el nuevo Plan de Acción para el quinquenio 1999-2003 nuevamente se proyecta diseñar una oferta de posgrado, pero no se precisan las áreas en que ésta se concretaría, con excepción de la previsión de creación de una "Escuela de Negocios" aún no claramente definida.
En el proyecto institucional original se establecía que la Universidad de Congreso responde a una estructura departamental, con cinco departamentos definidos a partir de los contenidos epistemológicos de los cursos que integran las carreras. De acuerdo con el proyecto, los departamentos centralizan las funciones de docencia e investigación: selección y seguimiento de profesores, elaboración de los contenidos programáticos de los cursos, actualización bibliográfica, diseño de seminarios, talleres o cursos electivos y elaboración de proyectos de investigación sobre el área respectiva. La organización se completaba con los coordinadores de carrera, quienes se encargan de todo lo relativo a las tareas curriculares y administrativo-académicas específicas de cada carrera. Se establece que entre los directores de departamentos y los coordinadores de carreras no existe una relación jerárquica funcional y todos dependen del Director Académico.
De acuerdo con lo informado en !a presentación del nuevo Proyecto Institucional, en el Estatuto reformulado se prevé "una estructura académica transversal por Departamentos de asignaturas afines, a cargo de Directores de Departamento" y se instaura el cargo de Tutores de Carreras (Expte. N° 2080/00, fs. 2). No se indica, en este contexto, cuáles son esos Departamentos.
En el Informe Anual 1999 (fs. 215) se mencionan ocho Departamentos en lugar de los cinco anteriormente existentes. En el siguiente cuadro se presentan las sucesivas organizaciones departamentales, donde se observa que sólo en 1997 ésta correspondía a la del proyecto original, en tanto en 1999 se refleja la nueva estructuración, de acuerdo con el Estatuto reformulado (Expte. 6248/99).
No obstante esto, en la página de Internet de la Universidad de Congreso se informa sobre siete departamentos, que tampoco corresponden a la modificación registrada, pues no se incluye el Departamento de Ciencias Económicas, hay un Departamento de Ciencias Exactas en lugar del de Básicas y uno de Informática en lugar del de Sistemas de Información.
Por otra parte, en el punto VII.2.3. del Informe Anual (fs. 214) se menciona que hubo una convocatoria para cubrir cargos docentes, y se hace referencia a los inscriptos, entre otros, en el Departamento de Ciencias Jurídicas. Cabe observar la escasa institucionalización de la organización académica de la Universidad y las contradicciones acerca de la misma, pues resulta imposible deducir, de la información disponible, a qué corresponde el Departamento de Ciencias Jurídicas. También debe subrayarse que, como ya fue mencionado, en el informe de verificación del ME se indica que por Expte. N° 2744/00 se está tramitando una denuncia por irregularidades en este llamado a concurso de cargos docentes.
No hay en el Informe Anual de la Universidad ninguna referencia a la existencia y funcionamiento del Consejo Académico Universitario, aunque en el nuevo Proyecto Institucional3 se afirma que el nuevo Estatuto "se constituye al amparo de un gobierno colegiado, que integra en su Consejo Académico Universitario á los representantes de los docentes-investigadores..." (fs. 3), y se establece, entre las metas previstas para el período 1999-2003, la consolidación de un cuerpo conductivo y la instrumentación de un gobierno colegiado que contemple la participación del claustro docente, y la estrategia definida para lograrlas prevé la "Conformación del Consejo Académico Universitario" (fs. 10 del mencionado expediente). No hay en el informe de verificación del ME referencias a este punto.
Sobre el Proyecto Institucional elevado por la institución, debe señalarse que consta de un primer apartado referido al "Contexto de Situación. 1999-2000" (fs. 2-3) en el que se afirma que el actual Estatuto es previo a la vigencia de la Ley de Educación Superior por lo que ha sido reformulado a fin de adecuarlo a la normativa vigente. Atribuye a una administración ineficiente la problemática situación por la que atravesó la Universidad en 1998 afirmando que "el trastorno en el área contable erosionó a los recursos humanos de los sectores de conducción académica y de operación administrativa del servicio [...] generando una sensación de vacío institucional" de la que se salió "con un nuevo Consejo de Administración" (fs. 2).
A continuación se incluye la Resolución Rectoral N° 30 (fs. 4-5) correspondiente a la aprobación del nuevo Proyecto Institucional y luego el Proyecto Institucional propiamente dicho (fs. 6-8) en el que se enuncian la misión, metas y objetivos de la institución y se define el perfil de los alumnos y el de los docentes.
Finalmente, se presenta el Plan de Acción 1999-2003. Las metas enunciadas se refieren a la consolidación del proyecto educativo en las dimensiones correspondientes a la gestión institucional, la docencia, la investigación y la extensión.
En relación con la gestión institucional se plantea como objetivos, entre otros, la instrumentación de un gobierno colegiado que contemple la participación del claustro docente por representación, lo que da cuenta de que no está actualmente constituido y funcionando el Consejo Académico Universitario, cuya integración había sido informada en años anteriores.
En el área de docencia se proponen, entre otros objetivos, la implementación de un sistema de educación a distancia y el diseño de una oferta de posgrado. En las áreas de investigación se proponen incluir en el Estatuto la figura del investigador y su categorización, y en el área de extensión las estrategias consisten, para todas las metas previstas, en el diseño de las mismas (oferta extracurricular de grado, centro de educación a distancia, programas culturales y recreativos, etc.).
En ningún caso se hace referencia al proyecto institucional original, no se explicita cuáles son los cambios ni a qué obedecen o cuáles son los objetivos y estrategias que 3 Expediente No 2080/00, fs. 2. Elevación al ME del "Proyecto Institucional" y "Plan de Acción 2000-2003" de la Universidad de Congreso y "Contexto de Situación 1999-2000".
se conservan de aquél. En rigor parecieran ignorar que la Universidad viene funcionando desde 1995.
B) NIVEL ACADEMICO
Responsabilidad de la entidad
La Fundación Postgrado de Congreso, entidad a que le fuera concedida la autorización provisoria como persona jurídica de la Universidad del Congreso, ha incurrido en irregularidades de la mayor gravedad, las cuales aún están siendo tramitadas en e.1 Ministerio de Educación. Entre otras, se advirtió la existencia de dos fundaciones: la que legalmente fue autorizada y sobre la cual se fundó la Universidad de Congreso (Fundación Postgrado del Congreso) y la Fundación Universidad de Congreso, la cual parece haber venido ejerciendo de hecho la gestión.
En el marco del Expediente N° 904/98 hubo intervenciones del Director General de Asuntos Jurídicos y de un asesor legal de la entonces Secretaría de Políticas Universitarias, quienes se expidieron desfavorablemente sobre la intención por parte de la Universidad de constituir una tercera figura jurídica: la Asociación Civil Nuevo Congreso, pero no se tiene información acerca del conflicto generado por la existencia de las dos primeras fundaciones mencionadas.
Con anterioridad, la CONEAU señaló que la Fundación originaria estaba en falta con la Inspección General de Justicia por no haber presentado los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados de 1994, 1995, 1996 y 1997. Asimismo, según informó el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 en autos "Klier, Oscar s/quiebra" se ha decretado la quiebra del causante y se han ordenado las inhabilitaciones correspondientes. El Dr. Klier era el Presidente del Consejo de Administración de la entidad peticionaria de la autorización provisoria y Rector del establecimiento universitario hasta 1998.
Actualmente, la Universidad de Congreso informa que se ha cambiado el Consejo de Administración (Expte. N° 2080/00, fs. 2), sin indicar quién lo preside ni a qué entidad pertenece, por lo que cabe encarecer nuevamente la intervención del Ministerio a fin de establecer, fuera de toda duda, cuál es la entidad patrocinante de la Universidad de Congreso, así como quiénes son los miembros de este nuevo Consejo de Administración.
Asimismo se indicó, en ocasión del Informe Anual 1998, que la Universidad de Congreso carecía del patrimonio de un millón de pesos exigido por la normativa para la creación de una universidad y, por el contrario, registraba una deuda que ascendía a la suma de $1.004.469,80. Sobre este punto no se expide la Universidad en su Informe anual 1999 ni hay menciones al respecto en el informe de verificación del ME.
Integridad institucional y gestión
En el "Contexto de Situación" que prologa al nuevo Proyecto Institucional (Expte. No 2080/00, fs. 2) se afirma que la Universidad ha llegado al borde de su incapacidad económico-financiera en 1998, y que de esta situación se salió con "un nuevo Consejo de Administración, constituido por empresarios que permitieron superar la conflictividad, poniendo en ello su inteligencia, su voluntad y su patrimonio, acompañados por una renovada conducción académica" cuya primera tarea fue rediseñar y elaborar los instrumentos normativos acordes con la legalidad nacional vigente. No obstante, como ya ha sido dicho, no se hacen otras referencias a este nuevo Consejo de Administración ni se especifica a qué entidad pertenece.
Por otra parte, se indica que las autoridades de la Universidad cambiaron en su totalidad durante el año 1998. De hecho, en el informe de verificación del Informe Anual de ese año se manifestaba que en el período de marzo de 1998 a agosto de 1999, la Universidad tuvo cinco rectores, lo cual constituye un indicador contundente de la grave crisis sufrida por ésta.
En 1997 la Universidad había informado que los cargos de conducción de la misma correspondían a:
Rector: Lic. Luis Triviño
Presidente de la Fundación: Dr. Oscar Klier
Vicerrector de Grado: Lic. Hugo Páez Padró
Vicerrector de Posgrado: Lic. Carlos La Rosa
Director Administrativo: Eduardo Fulceri
Coordinadora Académica de Grado: Lic. Alejandra Gatto
Coordinadora Académica de Posgrado y Extensión: Lic. Mónica Sturzenegger
Para el año siguiente, según el informe de verificación del ME de 1998, éstos habían cambiado a:
Rector: a/c Vicerrector
Vicerrector: Daniel Pereyra
Administrador General: Carlos VilariNo
Dirección Académica: a/c Luz María Arrigoni de Allamand
Más los miembros del Consejo Académico y los directores de Departamentos y de Carreras.
En el Informe Anual correspondiente a 1999 sólo se mencionan los nuevos Directores de Departamentos (fs. 215) y se informa sobre la constitución de una Comisión Técnica de Autoevaluación (fs. 5). De la carta de elevación de dicho Informe se infiere que el Lic. Daniel Pereyra ha sido designado Rector. No se acompaña curriculum vitae del nuevo Rector ni del resto de las actuales autoridades de la institución. Por otra parte, de la información institucional contenida en la página de Internet de la Universidad surge que ha habido cambios no sólo de autoridades sino también de cargos, evidenciando una nueva reestructuración. Se informa que el Rector es el Lic. Daniel Pereyra, quien estaba a cargo del Rectorado en su carácter anterior de Vicerrector, cargo que parece ya no existir, pues no está incluido en la nómina de cargos y autoridades.
La nueva estructura informada por este medio corresponde a:
Secretaría General: Luz Arrigoni de Allamand
Auditoría Técnico Administrativa: Susana Pezzutti Asesoría Jurídica: Julio Conte-Grand
Coordinación de Relaciones Institucionales: María Landa
Más cuatro Direcciones: de Organización Académica (Ma. Alejandra Gatto), de Investigaciones (Carlos Ponce), de Alumnos (Cristina Bittar) y de Gestión Administrativa (Carlos López Puelles).
También se indica que existe un Area de Extensión y Posgrado, una de Informática y una de Promoción, pero parecen ya no existir las Direcciones de Carreras. Se informa, en cambio, la existencia de una Tutoría de la carrera de Gestión Ambiental. Cabe indicar que en este contexto sí se informa sobre la conformación del Consejo Académico Universitario, lo que no implica que estuviera constituido en la fecha correspondiente al período informado.
En la introducción del ya mencionado Proyecto Institucional y Plan de Acción se admite que durante todo este proceso la Universidad de Congreso no ha adecuado su normativa estatutaria a las reglamentaciones vigentes. El nuevo Estatuto aún se encuentra "sujeto a legitimación ministerial" (fs. 3 del citado expediente).
Se indica, en este contexto, que se generaron los cargos de Secretario General, cuya tarea es el ordenamiento y planificación económico-financieros, y el de Vicerrector de Gestión y Planeamiento Administrativo, pero esta última instancia no se ve reflejada en la nueva estructura de gobierno informada por la propia Universidad.4
Entre los objetivos del nuevo Proyecto Institucional se encuentra el de "adecuar toda la normativa externa e interna a las exigencias de las reglamentaciones vigentes" (fs. 7), pero también se proponen "implementar una universidad virtual" a fin de fomentar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior (fs. 7-8), propósito que no se encontraba presente en el proyecto original.
Surge de esta información que la Universidad se encuentra transitando una etapa de "refundación", pero para que ello sea viable debería el ME expedirse acerca de si la documentación originalmente presentada constituye actualmente un aval institucional adecuado y aceptable para su funcionamiento, de acuerdo a lo requerido en el artículo 40 del Decreto Reglamentario No 576/96.
Docencia
De la información proporcionada en informes anteriores más la que obra en el Informe Anual 1999, es observable una marcada disminución en la cantidad de ingresantes por año, que pasó de 740 en 1997 y 614 en 1998 a sólo 280 en 1999 (fs. 9), año en que, por lo demás, se incrementó la oferta académica con la carrera de Contador Público autorizada en ese mismo año mediante RM No 244 del 19 de febrero. Cabe en este
punto subrayar que en los datos estadísticos anexados al Informe Anual con posterioridad a la visita de verificación realizada por el ME, se indica un total de 271 inscriptos para 1999 (fs. 699) y en otro apartado esta cantidad cambia a 274 (fs. 833), de los cuales abandonaron 113, por lo que en rigor la cantidad efectiva de nuevos alumnos para el período sería de 161. Esto pone en evidencia, entre otras cosas, la inconsistencia y escasa confiabilidad de las cifras ofrecidas por la institución.
Acerca de la cantidad de alumnos que cursan actualmente en la Universidad, la información que se brinda aparece desagregada por departímentos (fs. 606) y no por carreras, por lo que obviamente la suma es muy superior a la totalidad de los estudiantes, aunque de acuerdo con lo informado en otro apartado han sido relevados 1.238 estudiantes en 1999 mediante el sistema SIU-Araucano (fs. 203). En este caso, nuevamente los nombres de los Departamentos Académicos no coinciden en su totalidad con los definidos en el proyecto institucional original ni con la denominación actual, pues se registran alumnos para los departamentos de Administración, Economía, Ciencias Sociales (designación original), Ciencias Básicas (designación original conservada en la actualidad), Ciencias Ambientales (designación actual), Idiomas e Informática y Telecomunicaciones (no corresponden a ninguna de las denominaciones informadas).
En cuanto a datos de egreso, se informan para aquellas carreras que la Fundación originalmente dictaba a través de un instituto terciario y cuyos alumnos accedieron a las licenciaturas por efecto del régimen de equivalencias (Comercialización y Administración, con sus respectivas orientaciones), pero también se mencionan egresados en la Licenciatura en Gestión Ambiental, cuyos alumnos pertenecían originalmente a la Orientación en Gestión Ambiental de la Licenciatura en Administración, y no se señala si esta Licenciatura reemplaza a dicha orientación. En cuanto a estas cifras, se puede señalar que no son coincidentes con las informadas en años anteriores para las mismas cohortes, por lo que deberían requerirse a la Universidad mayores precisiones en los datos sobre ingresantes y graduados para cada una de las ofertas actualmente vigentes.
De fs. 119 a 123 se indican los requisitos para la graduación en las Licenciaturas en Administración, en Comercialización y en Gestión Ambiental; y también los correspondientes a la Orientación en Comercialización Internacional y la Orientación en Administración Municipal. En todos los casos se trata de un Trabajo Final (tesina) más la aprobación de la totalidad de las asignaturas de los respectivos planes de estudio.
Pese a que en su informe el ME indica que "se presenta una descripción puntual de lo solicitado" (fs. 1483) en este aspecto, no se informa el requisito final para la graduación en la Licenciatura en Relaciones Internacionales, la Licenciatura en Turismo, la Licenciatura en Comunicación, la Licenciatura en Economía, la Licenciatura en Sistemas de Información y la nueva carrera de Contador Público, considerando sólo aquellas que sí han sido implementadas.
Investigación y desarrollo
En el Informe Anual 1999, bajo el subtítulo "Balance de lo actuado" (fs. 210) se afirma que "Si bien los proyectos y acciones registrados en los Informes Anuales 1997 y
La nueva estructura informada por este medio corresponde a:
Secretaría General: Luz Arrigoni de Allamand
Auditoría Técnico Administrativa: Susana Pezzutti Asesoría Jurídica: Julio Conte-Grand
Coordinación de Relaciones Institucionales: María Landa
Más cuatro Direcciones: de Organización Académica (Ma. Alejandra Gatto), de Investigaciones (Carlos Ponce), de Alumnos (Cristina Bittar) y de Gestión Administrativa (Carlos López Puelles).
También se indica que existe un Area de Extensión y Posgrado, una de Informática y una de Promoción, pero parecen ya no existir las Direcciones de Carreras. Se informa, en cambio, la existencia de una Tutoría de la carrera de Gestión Ambiental. Cabe indicar que en este contexto sí se informa sobre la conformación del Consejo Académico Universitario, lo que no implica que estuviera constituido en la fecha correspondiente al período informado.
En la introducción del ya mencionado Proyecto Institucional y Plan de Acción se admite que durante todo este proceso la Universidad de Congreso no ha adecuado su normativa estatutaria a las reglamentaciones vigentes. El nuevo Estatuto aún se encuentra "sujeto a legitimación ministerial" (fs. 3 del citado expediente).
Se indica, en este contexto, que se generaron los cargos de Secretario General, cuya tarea es el ordenamiento y planificación económico-financieros, y el de Vicerrector de Gestión y Planeamiento Administrativo, pero esta última instancia no se ve reflejada en la nueva estructura de gobierno informada por la propia Universidad.'
Entre los objetivos del nuevo Proyecto Institucional se encuentra el de "adecuar toda la normativa externa e interna a las exigencias de las reglamentaciones vigentes" (fs. 7), pero también se proponen "implementar una universidad virtual" a fin de fomentar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior (fs. 7-8), propósito que no se encontraba presente en el proyecto original.
Surge de esta información que la Universidad se encuentra transitando una etapa de "refundación", pero para que ello sea viable debería el ME expedirse acerca de si la documentación originalmente presentada constituye actualmente un aval institucional adecuado y aceptable para su funcionamiento, de acuerdo a lo requerido en el artículo 4° del Decreto Reglamentario N0 576/96.
Docencia
De la información proporcionada en informes anteriores más la que obra en el Informe Anual 1999, es observable una marcada disminución en la cantidad de ingresantes por año, que pasó de 740 en 1997 y 614 en 1998 a sólo 280 en 1999 (fs. 9), año en que, por lo demás, se incrementó la oferta académica con la carrera de Contador Público autorizada en ese mismo año mediante RM N0 244 del 19 de febrero. Cabe en este 1998, relativos principalmente a las funciones de extensión e investigación, son institucionales y constituyen hechos incuestionables de una valiosa productividad de la Universidad, la nueva conducción consideró necesario suspender su desarrollo en varios casos, someterlos a evaluación y tabularlos en relación con un plan de acción centrado en las prioridades fijadas en el mismo, en función de desarrollar un proyecto institucional de alta calidad educativa regional". A este respecto más adelante, para el área de extensión, posgrado e investigación (sic) sólo se hace referencia a que en el último trimestre del año el Rector convocó a un conjunto de-"especialistas, docentes-investigadores y asesores de la universidad, a fin de debatir y diseñar propuestas para satisfacer los requerimientos en las áreas de extensión y posgrado". Asimismo, informa que se elaboró un proyecto de creación de una Escuela de Negocios a ser implementada a partir del ciclo lectivo 2000. "La planificación abarca el diseño de especializaciones, maestrías y doctorados; la producción de cursos de posgrado, [...] cursos, seminarios y talleres de capacitación, actualización, perfeccionamiento y educación continua, [...] la programación de ciclos de conferencias y debates y la generación de un espacio donde la universidad, la empresa y los gobiernos provinciales y municipales tracen sus estrategias y encuentren una respuesta para el desarrollo regional" (fs. 218). No obstante, en el informe de verificación del ME se expresa que "el nombre elegido para este espacio es 'genérico' y que forma parte de un proyecto de extensión universitaria para el año 2000" (fs. 1532).
A continuación se indica que la función investigación es prioritaria "puesto que es la clave de la superación del servicio de escolaridad" (fs. 219) y se postula la inclusión en el nuevo Estatuto de la figura del investigador y la elaboración del reglamento que regirá la actividad, así como la previsión de la categorización de los investigadores y la asignación de un incentivo salarial, entre otras propuestas a futuro.
Dado que, tal como la propia institución reconoce, en años anteriores la Universidad había brindado información sobre unos catorce programas y proyectos de investigación en curso, así como sobre la existencia de cuatro institutos de investigación, y considerando que en el proyecto institucional original se señala la centralidad de la investigación en la labor universitaria y que la vinculación docencia-investigación es un prerrequisito fundamental de la actividad de la institución, resulta llamativa —si no alarmante— la evidente y reconocida discontinuidad en esta área. Debe ser tenido en cuenta en este punto el hecho de que el desarrollo de la Universidad de Congreso en materia de investigación estaba proyectado sobre la base de actividades y estructuras previamente existentes en el dominio de la Fundación Postgrado de Congreso, de la que aparentemente se ha desvinculado, por lo que resulta ineludible solicitar a la Universidad información actualizada sobre las actividades de investigación en desarrollo, su ubicación en la estructura académica y los convenios con otras instituciones educativas en esta materia, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Educación Superior y en el artículo 4° del Decreto 576/96.
Como consecuencia del prácticamente inexistente desarrollo de las actividades de investigación, no existe transferencia de conocimientos ni otros resultados tales como publicaciones de carácter científico. Por ello, esta institución no cumpliría con las funciones fundamentales de la educación superior previstas en el art. 26 de la Ley N° 24.521.
Extensión y bienestar universitario
En el Informe de Avance 1999, a partir de fs. 125, se informa sobre las actividades extracurriculares ofrecidas en el período, las cuales han consistido en 16 conferencias, la mayoría de ellas a cargo de invitados con reconocida trayectoria en el campo académico y profesional, dirigidas a los propios alumnos de grado así como al personal docente de la Universidad, sin precisar la cantidad de asistentes con que contaron. También se informa sobre nueve talleres sobre temas vinculados a la informática (páginas web, programas de diseño, planillas de cálculo, pr6cesadores de texto, etc.), en los que participaron alumnos y profesores de la institución. A fs. 465-468 se anexan los listados de los alumnos inscriptos a estos talleres, de los que puede deducirse que éstos tuvieron un promedio de 12 asistentes.
En aquél contexto, se informa sobre el proyecto de ofrecer cursos extracurriculares de inglés, mediante la contratación de prestadores del servicio.
Puede, por esto, advertirse que no se encuentran institucionalizadas las actividades de extensión universitaria, situación ya observada a propósito de informes anuales anteriores (véase lo referido en el punto anterior acerca de las actividades de investigación). En el Estatuto reformulado se estaría previendo un área de Extensión y Posgrado, pero no se cuenta con mayores precisiones al respecto.
En cuanto a bienestar universitario, en el Informe Anual se incluye el listado de 19 instituciones con las que la Universidad ha suscripto convenios para la realización de pasantías por parte de sus alumnos, más otras seis con las que se han firmado convenios marco o acuerdos de intención. No se adjuntan los textos de dichos acuerdos y convenios, no se indica cuántos alumnos han participado en estas actividades, tampoco cuáles son los criterios de presentación y selección de aspirantes ni de qué modo estas "prácticas de formación-especialización" (fs. 194-196) se articulan con la currículas de las carreras de grado.
En el último cuerpo del Expediente (Anexo s/f) se incluye el texto del convenio marco a ser firmado por las empresas y copia de un convenio firmado por un pasante con la Universidad. Este último es un convenio por tres meses de duración cuyo objeto, se afirma, es realizar una pasantía rentada en una empresa de aviación, de 40 horas semanales, pero no surge del texto que la totalidad de las pasantías tengan esta duración y el carácter rentado. También se anexa un breve comentario acerca del resultado de los convenios de pasantías con las 19 empresas inicialmente mencionadas; en 16 casos se indica que las pasantías no se han concretado porque los postulantes no respondían a los perfiles requeridos por las empresas, o no se han renovado por dificultades de diversa índole o porque el objetivo del correspondiente convenio ya había sido alcanzado y sólo en tres de los casos continúa habiendo pasantes (cinco) en el año informado. No obstante esto, en un listado que se anexa a continuación se indica que la cantidad de pasantes es. de 27 para 1999, y más adelante se señala que fueron renovadas 8 pasantías y no renovadas 19, sin indicarse cuántas nuevas pasantías se concretaron en el período. Como en algunos casos la información está brindada para cada empresa y en otros los datos se corresponden con áreas disciplinarias (vagamente equivalentes a los departamentos académicos), la inconsistencia entre los datos volcados en los gráficos, los listados y las referencias a cada ítem no permite avanzar en el análisis.
Por lo demás, resulta pertinente recordar que en el Informe Anual de 1997 la Universidad contaba con 251 alumnos realizando pasantías en empresas del medio y que en 1998 eran 48 los alumnos en estas condiciones. El informe de verificación del ME no hace referencia a las pasantías ni a las becas.
En relación con éstas, en este mismo cuerpo del Expediente han sido anexados listados estadísticos que dan cuenta de que en 1999 había 78 alumnos con becas equivalentes al 25% del arancel, 40 alumnos con becas del 50%, 14 alumnos con becas del 75% y 13 becarios con exención total del pago de aranceles. Esta cifra (145 becarios), en cambio, sí es equivalente a las informadas para años anteriores. Puede afirmarse que, en este caso, la Universidad ha sostenido su política de bienestar estudiantil, inaugurada en 1995. A fs. 203 se informa que la población total de la universidad en 1999 es de 1.238 estudiantes, por lo que hay casi un 12% de alumnos becados.
Recursos humanos
En el Informe Anual 1999 se detallan las categorías previstas para el cuerpo docente de la Universidad de Congreso, distinguiendo entre Profesores Extraordinarios (Eméritos, Consultos, Honorarios y Visitantes) y Profesores Ordinarios: Titulares, Asociados y Adjuntos, así como Auxiliares de Docencia (Jefe de Trabajos Prácticos). En cuanto a las dedicaciones, éstas son siempre por horas cátedra semanales (fs. 182).
Se incluye la nómina de los profesores que componen el plantel docente de la institución (fs. 156-180) indicando las asignaturas en las cuales se desempeñan, el cargo y el título máximo alcanzado, así como la institución que lo otorgó. Se consignan 141 profesores, de los cuales 98 son titulares. De éstos, uno posee título terciario, 75 tienen título de grado, 4 realizaron alguna especialización, 9 tienen título de maestría y 8 de doctorado. Se informa también sobre 13 profesores asociados y 33 adjuntos. No hay datos para auxiliares. Considerando la totalidad del plantel docente, el 1,4% (2 profesores) posee título terciario, el 80,9% (114) título de grado, el 5% (7) tiene alguna especialización, un 7,1% ("10) obtuvo el grado de maestría y el 5,7% (8) el de doctorado.
Estos 141 docentes desempeñan 210 cargos docentes en 137 asignaturas, pero no se informa sobre su dedicación.
También se incluye un listado de 160 asignaturas (fs. '11-117), con indicación de contenidos mínimos, docente a cargo y dedicación horaria. Si bien este listado no es coincidente con el anteriormente mencionado, en términos generales puede advertirse que las contrataciones son todas por horas cátedra, pudiendo variar entre dos y ocho horas de dedicación, siendo de tres y cuatro horas cátedra la contratación más frecuente (70% de los cargos), y aunque hay unos pocos profesores que concentran varios cargos y con ello suman más de 15 horas semanales cada uno, predominan las contrataciones con escasa dedicación.
En ninguno de los mencionados listados se indica la carrera a que pertenece cada asignatura, y debido a que la información no se presenta homogénea y consolidada se dificulta profundizar en el análisis de las características del cuerpo docente, aunque queda evidenciada la baja dedicación horaria en general y la escasa proporción de profesores posgraduados, lo que debería modificarse a fin de adecuar la planta docente a lo exigido en el artículo 36° de la Ley No 24.521.
Además (fs.394-418 y nuevamente en fs. 921-944) se incorpora un relevamiento estadístico sobre titulación máxima y desempeño profesional de los docentes, realizado en el marco de las actividades conducentes a la autoevaluación institucional, pero en este caso la información corresponde a sólo 82 profesores Dado que estos listados no están ordenados alfabéticamente se dificulta su contrastación con los anteriores a fin de verificar si se trata del mismo universo. Se reportan 9 especialistas, 15 magister y 7 doctores.
La Universidad debería proveer información sobre dedicaciones, categorías, régimen de contratación, asignación de los docentes en función de la estructura académica (departamentos, áreas, carreras) y demás elementos de acuerdo con lo establecido en la RM N° 1613/99, de modo que permita evaluar la conformación y calidad del plantel docente.
En el anterior informe de verificación del ME (1998) se señalaba que no se pudo constatar la existencia de un registro que contenga los programas de las materias que conforman la currícula de las diferentes carreras, y en el correspondiente al Informe Anual 1999 no se hace ninguna referencia al respecto. Dado que toda la información proporcionada por la Universidad está estructurada por Departamentos, o bien referida a cada asignatura, corresponde insistir en la solicitud de dichos registros así como en la consolidación de los datos por carrera.
En otro orden, tal como se subraya en el informe de verificación del ME, la Universidad aún no ha implementado una carrera docente, situación que resulta consistente con la inexistencia de un sistema de dedicaciones docentes, incluso en el Estatuto reformulado, tal como puede inferirse de lo expresado por el ME en dicho informe de verificación. Tampoco existe actualmente ninguna política de incentivo o promoción para el desarrollo académico de los docentes, por lo que no se están respetando las exigencias expresadas en el artículo 370 de la Ley No 24.521. De hecho, en relación con este punto —en el marco de las llamadas Actividades Extracurriculares—, sólo se anexa el programa de una jornadá de capacitación docente (Charla-debate de tres horas de duración) y el listado de inscripción de 70 docentes a la misma (fs.450-460).
Medios económicos, equipamiento e infraestructura
En relación con el Informe Anual 1998, la CONEAU subrayó que "De acuerdo con la inspección de verificación del Informe Anual 1998, el monto de la deuda que mantiene la institución asciende al 12 setiembre de 1999 a $1.004.469,80, de los cuales $505.160,80 corresponden a deuda fiscal". En virtud de ello la CONEAU solicitó al ME que se procurara "Información detallada y actualizada sobre la composición del patrimonio de la institución y un presupuesto financiero con indicación del origen de los recursos y su aplicación, que permita evaluar el normal desarrollo de la misma".
En el Informe Anual 1999 no se hace referencia a este punto y el ME, en su informe de verificación correspondiente al período, remite al Expte. N° 904/98, por el cual se tramitan irregularidades de orden patrimonial, jurídico, económico y técnico administrativo de la institución, sin brindar información complementaria sobre el estado actual del trámite.
Por lo anterior, corresponde reiterar las observaciones y recomendaciones ya realzadas en este sentido.
En cuanto a la infraestructura, en el Informe Anual 1999 (fs. 212-213) se indio que durante el año se realizaron "considerables inversiones en el tema informático, conformando un laboratorio de punta" y que se remodelaron y refuncionalizaron los dos edificios que ocupaba la Universidad, pero también se informa que uno de ellos dejó de ser usado al finalizar el año, cuando se concentraron las actividades de la Universidad en una de las dos sedes en que venía funcionando. Resulta llamativo, en el contexto de crisis financiera declarada por la propia Universidad, que ésta haya realizado una importante inversión en un edificio que poco después dejó de ser utilizado, lo que remite una vez más a la aparente improvisación con que está siendo gestionada la institución.
Este edificio, ubicado en la Av. Colón N° 90 de la ciudad de Mendoza, posee cuatro pisos más un entrepiso, cuenta con 20 aulas con capacidad para 525 alumnos por turno más un salón auditorio con capacidad para 250 personas, así como seis salas interconectadas del área de Informática equipadas con tres laboratorios y 34 computadoras. También se informa que la institución cuenta con equipamiento didáctico (retroproyectores, televisores, videograbadores, etc.) en cantidad suficiente como para dar servicio a diez salas simultáneamente, y que se instaló un aula satelital, además de ampliar las instalaciones de la biblioteca y actualizar todo el mobiliario de aulas, salas de profesores, de informática y biblioteca.
En el informe de verificación del ME se consigna que se pudo constatar la veracidad de esta información relacionada con la infraestructura edilicia e inversiones en el equipamiento informático.
Vinculación nacional e internacional. Acuerdos y convenios
Como ya fue dicho, a fs 194-196 se enuncian 19 convenios con empresas cuyo objeto es la realización de pasantías por parte de los estudiantes de la institución, más seis acuerdos, cartas de intención y convenios marco firmados en el curso del año 1999, y otros cuatro correspondientes al año 2000, cuyas contrapartes, objetivos y vigencia se detallan:
1. Defensor del Pueblo de la Nación. Convenio de colaboración para el intercambio de información y bibliografía; asistencia técnica recíproca; pasantías; actividades académicas conjuntas. Duración: 5 años.
2. Human Capital Consulting S.A: Acuerdo de colaboración para realizar actividades conjuntas de consultoría en materia de recursos humanos, en organismos públicos y privados de la región. Duración: 3 años.
3. Fundación Capital: Convenio marco para el desarrollo de actividades de docencia en el Departamento de Economía. Duración: 2 años.
4. Instituto para la Formación y Estudios Multidisciplinarios Avanzados (IFEMA). Convenio marco para el desarrollo de actividades de docencia y consultoría en el Departamento de Management y Marketing.6 Duración: 6 meses; renovable.
5. Instituto Tecnológico de Monterrey. Convenio general para crear un plan de cooperación académica. Duración: 3 años.
6. Instituto de Formación Educativa Superior (IFES). Convenio marco de cooperación e intercambio académico y complementación tecnológica. Duración: 2 años.
Los convenios suscriptos en el año 2000 corresponden a:
7. Instituto Superior Cervantes: Carta de intención para el seguimiento de las acciones previstas en el acuerdo de 1997 sobre articulación de carreras. (No indica vigencia.)
8. Instituto de Formación y Educación Superior (IFES). Carta intención para el seguimiento de las acciones previstas en el acuerdo de 1998 sobre articulación de carreras. (No indica vigencia.)
9. Instituto de Formación y Educación Superior (IFES). Convenio de cooperación para la articulación de la educación universitaria y no universitaria. Duración: 3 años.
10. Instituto Superior Cervantes. Convenio de cooperación para la articulación de la educación universitaria y no universitaria. Duración: 3 años.
A este respecto, en el informe de verificación del ME se indica que uno de los convenios firmados con el IFES consiste en el acuerdo por el cual se inició el Expte. No 1053/01, dada la presunta infracción por el ofrecimiento de actividades académicas en la ciudad de Neuquén. Asimismo, señala la necesidad de solicitar mayor información relacionada con la fecha de suscripción del convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, actualización sobre el estado de avance y especificación de las acciones concretas realizadas en ese marco.
No se adjuntan los textos de estos convenios ni se hace referencia a los que se encontraban vigentes hasta esta fecha, tales como los que habían sido suscriptos con las universidades Católica de Salta, Tecnológica Nacional (Regional Mendoza), Universidad del Mar y Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile), Universidad de Pittsburgh, Royal Rhodes University, y otros.
Bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación
En el Informe Anual 1999 se indica que en la biblioteca se desempeñan cinco auxiliares más la jefa de la misma (Viviana Márquez), sin brindar detalles sobre formación específica del personal. Con excepción de la Jefa de Biblioteca, todos poseen dedicación parcial.
Se informa, asimismo, que la sala de lectura ocupa un espacio de 160m2. Se cuenta con tres PC y se ofrecen servicios de acceso a Internet, catálogo automatizado, préstamo domiciliario e interbibliotecario, entre otros.
Existe un fondo bibliográfico de 5.306 libros y 31 suscripciones a publicaciones periódicas, además de 235 videos, más de cien tesinas y 32 CD-ROM, así como apuntes, resúmenes y mapas. No se suministran datos sobre el área de especialidad de los libros ni las características de las publicaciones periódicas. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a 23:00 hs. y los sábados de 9:00 a 13:00.
En el informe de verificación del ME sólo se indica que en entrevista con la responsable del área se pudo constatar el grado de avance en la digitalización de la biblioteca, información que no es brindada por la institución:
La nueva gestión parece estar comprometida en un proceso de mejoramiento general de la infraestructura física y el equipamiento, que incluye a la biblioteca. No obstante, la información aportada no permite evaluar la pertinencia y calidad del material existente en ella.
Avances en procesos de autoevaluación
Tras el cambio de autoridades ocurrido hacia fines de 1998, se observa que la autoevaluación institucional está siendo una de las actividades centrales. De hecho casi 1.200 fojas del expediente que contiene el Informe Anual de 1999, más el Anexo (s/f), corresponden a modelos de encuestas, listados, gráficos y registros tendientes a la concreción de este proceso. No obstante, como ya ha sido señalado, estos datos aún no parecen haber sido analizados y consolidados por la propia institución, por lo que suelen presentar inconsistencias y discrepancias, dependiendo de la variable relevada en cada caso.
A partir de fs. 203 se describen las acciones llevadas a cabo en relación con la evaluación inicial de ciclo, evaluación del proceso y evaluación de resultados.
Acerca de la primera, se indica que ésta se ha centrado en el perfil del ingresante y los datos han sido obtenidos a través de encuestas a los alumnos en el momento de la inscripción y tras el desarrollo de los talleres de ambientación y nivelación (Matemática y Herramientas informáticas).
En cuanto a la evaluación del proceso, se administró una encuesta a los alumnos para determinar su nivel de satisfacción y semestralmente se analiza el nivel de deserción y desgranamiento. En este punto se determinó que en el 73% de los casos el abandono ocurre como consecuencia de la insuficiente formación previa.
Finalmente, acerca de la evaluación de resultados, se informa que se han efectuado encuestas para la evaluación de la calidad de la enseñanza, por parte de los alumnos y de los directores de departamentos.
Este proceso se viene concretando en el contexto de las 'prioridades definidas para el período: ordenamiento administrativo y presupuestario, actualización del eje programático del grado, adecuación de la normativa institucional, avance hacia el saneamiento técnico administrativo y la seguridad de la información, renovación del área de informática y telecomunicaciones y adecuación de la estructura edilicia.
En síntesis, la Universidad se encuentra en un proceso de reordenamiento y normalización institucional, pero no es posible aún anticipar el logro efectivo de estos objetivos, en particular si se considera el contexto de graves irregularidades jurídicas y dificultades financieras existentes, sobre cuyo estado actual no se brinda información.
III. INDICACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCION
Con base en las observaciones precedentes, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria considera que, en el seguimiento de la Universidad de Congreso, previsto en el art. 64 inciso a) de la Ley N° 24.521, el Ministerio de Educación debiera tener en cuenta las siguientes indicaciones operativas:
1) Intimar:
a) A la institución para que explicite su situación en cuanto a las irregularidades jurídicas, económicas y administrativas en las que ha incurrido, señaladas oportunamente por el propio Ministerio, en particular acerca de cuál es la entidad que se encuentra respaldando su funcionamiento. En caso de que dichas irregularidades fueran confirmadas, el Ministerio de Educación debiera ejecutar las acciones necesarias en el marco de las competencias que posee para la fiscalización y el seguimiento académico de las instituciones universitarias con autorización provisoria, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 576/96, considerando incluso la pertinencia de suspender la actividad académica hasta tanto se regularice la situación de la institución.
b) A la institución para que explicite y justifique los componentes que han sido modificados en relación con el Proyecto Institucional que dio origen a la autorización provisoria, y considerar la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 64° de la Ley 24.521 y en el Decreto Reglamentario 576/96, artículo 24°.
2) Verificar:
a) La conformación y el efectivo funcionamiento del Consejo Académico, dado que no es mencionado en el Informe Anual 1999 de la Universidad ni referido en el informe de verificación del ME.
b) El efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto N° 576/96, inciso f), referido a la acreditación de un patrimonio propio de un millón de pesos, con indicación detallada de su origen y composición. En caso contrario, el ME deberá adoptar las medidas previstas en la normativa vigente.
3) Recomendar:
a) La implementación de una política tendiente a elevar el grado de formación académica de la planta docente, a fin de adecuarla a lo exigido en el artículo 36° de la Ley N° 24.521.
b) La planificación e implementación de acciones que garanticen la capacitación y el perfeccionamiento de los docentes, respetando las exigencias expresadas en el artículo 370 de la Ley N° 24.521.
c) La instrumentación de un plan integral de desarrollo en investigación, indicando la forma en que se financiará dicho plan, el proceso de evaluación de la pertinencia de los proyectos, la cantidad de horas que los docentes destinarán a dicha actividad y los medios disponibles para llevarlas a cabo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Educación Superior y en el artículo 40 del Decreto 576/96. Asimismo, instrumentar aprobar la asignación de partidas presupuestarias para desarrollar tareas de investigación y desarrollo.
d) La definición de una política clara de planificación de las actividades de extensión universitaria, considerando que la extensión de las acciones y los servicios de la universidad a la comunidad, a fin de contribuir a su desarrollo y transformación, constituye un requisito expresado en el artículo 28° de la Ley de Educación Superior.
6) Solicitar:
a) Información acerca de la relación entre la orientación en Gestión Ambiental de la Licenciatura en Administración, en funcionamiento desde 1995 y convalidada mediante RM N° 112/97, y la Licenciatura en Gestión Ambiental aprobada mediante RM N° 723/97, indicando si ésta ha reemplazado a la anterior dado que no se anexa la resolución de aprobación.
b) Información sobre la actual estructura de gobierno de la Universidad y sobre su funcionamiento. Asimismo, solicitar CV de las actuales autoridades académicas.
c) Información sobre el proyecto de "universidad virtual" enunciado en el Proyecto Institucional y Plan de Acción.
d) Información sobre el requisito final para la graduación en la Licenciatura en Relaciones Internacionales, la Licenciatura en Turismo, la Licenciatura en Comunicación, la Licenciatura en Economía, la Licenciatura en Sistemas de Información y la carrera de Contador Público.
e) Información sobre evolución anual de la matrícula desde el inicio de las actividades de la Universidad: alumnos, nuevos inscriptos y egresados, por carrera y por orientación, especificando cuando se trate de cohortes preexistentes a la creación de la Universidad.
f) Información detallada sobre el proyecto de creación de una "Escuela de Negocios", dado que no es consistente la información brindada por la Universidad en su Informe de Avance,, donde se prevé la implementación de carreras de maestría y de doctorado, y lo manifestado en ocasión de la visita de verificación del ME, cuando se afirmó que se trata de un proyecto de extensión universitaria.
g) Información actualizada y consolidada sobre dedicación, categoría de investigación y actividad profesional de los docentes, así como sobre la asignación de los docentes en función de la estructura académica (departamentos, áreas, carreras) y demás elementos que permitan evaluar la conformación del plantel docente.
h) Información detallada y actualizada sobre la composición del patrimonio de la institución y un presupuesto financiero con indicación del origen de los recursos y su aplicación, que permita evaluar el desarrollo de la misma.
i) Copia de los convenios firmados por la Universidad con otras instituciones educativas, así como los suscriptos con empresas, universidades y otras entidades públicas y privadas. Asimismo, precisiones acerca de la discontinuidad de los convenios preexistentes, así como detalle de los logros alcanzados y evaluación de los mismos.
i) Información relacionada con la fecha de suscripción del convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, actualización sobre el estado de avance y especificación de las acciones concretas realizadas en ese marco, así como sobre el estado del trámite del Expte. N° 1053/01, vinculado con un convenio firmado con Instituto de Formación y Educación Superior (IFES). Asimismo, solicitar información relacionada con los resultados obtenidos en el marco de los convenios de cooperación e intercambio anteriormente vigentes en la Universidad.
NOTA FINAL
Se deja constancia de que, en la actualidad, no obran en poder de la CONEAU otras actuaciones.
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