LA UNIVERSIDAD ESTÁ BAJO LA LUPA DE LA CONEAU 10/08/08 Los Andes

El organismo de contralor de las unidades académicas detalló "debilidades significativas" que atentan contra su consolidación.
Gastón Bustelo - Especial para Los Andes


Luego de conocerse el traspaso de la Universidad de Congreso a un fondo de inversión chileno, en sociedad con empresarios locales, Los Andes accedió a un nuevo informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

En la resolución 175/08 firmada por el organismo nacional se informa -entre otras observaciones- que en la universidad de la calle Colón de esta ciudad hay ausencia de una carrera académica que garantice permanencia y promoción del plantel docente, falta de un edificio propio donde garantizar la prestación del servicio educativo e inexistencia de un proyecto institucional.

Estas son algunas -dice el informe- de las “debilidades significativas que atentan contra” la consolidación de esa universidad.

Las conclusiones a las que llegó la Coneau se conocen tras salir a la luz la transferencia de la Fundación Posgrado de Congreso que controla esa casa de altos estudios, ocurrida el 6 de junio. Desde ese momento, Daniel Malcom es el hombre que conduce el rectorado y quien ahora deberá desenredar el crítico informe.

Al mismo tiempo, y ya en su instancia meramente administrativa, consta en los registros oficiales que la nueva conformación del Consejo de Administración de Universidad de Congreso quedó en manos de los empresarios de medios Daniel Vila y José Manzano.

Ambos han sido los únicos que permanecen en el nuevo Consejo de Administración que conducirá los destinos de esa casa de estudios. Y ya ningún miembro del Consejo Empresario Mendocino (CEM) forma parte de ese órgano institucional.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) se ocupa de evaluar, reconocer y acreditar los proyectos institucionales de las nuevas universidades tanto públicas como privadas.

Para eso realiza la evaluación externa en base al artículo 44 de la Ley de Educación Superior que indica que “las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento”.

La evaluación institucional comprende la autoevaluación y la evaluación externa. La tarea se inicia realizando un acuerdo entre la Coneau y la institución universitaria que manifieste su interés por evaluarse y ser evaluada.

La Universidad de Congreso ha logrado el acuerdo con Coneau, pero no tiene todavía el reconocimiento definitivo para funcionar como una Universidad. En esa casa de estudios, Coneau no ha realizado la evaluación externa y funciona, como otras universidades, con autorización provisoria.

Alumnos. Uno de los puntos que Coneau audita es la evolución de la cantidad de alumnos. En 2005, la UC informó que en sus aulas habían 825 nuevos inscriptos, “lo cual implica una disminución del 20% respecto del año anterior”, señala Coneau en su informe.

También indican que “debido a que la respuesta del rector es de fecha 27 de julio de 2007 e incorpora datos para las nuevas carreras de Arquitectura y Comercio Exterior, se asume que la cantidad de ingresantes corresponde al año 2007, lo cual estaría indicando una disminución en la inscripción a la Universidad a pesar de haber incrementado su oferta académica”.

Y agrega “si estos datos corresponden al mencionado año no son consistentes con los incorporados en el Informe de Fiscalización ministerial, en el cual se indica que el total de ingresantes en 2007 fue de 717, 99, menos que los señalados en la respuesta del rector”.

Los auditores de la Coneau fueron contundentes al momento de describir el manejo de la información académica de esa universidad. “Puede observarse que continúan siendo deficitarios los sistemas de registro y seguimiento de ingresantes, alumnos y graduados de la institución, lo que daría muestras de una gestión de la información poco confiable, incluso para la necesaria planificación y control de la gestión académica de la institución, situación que no ha logrado revertirse en doce años de funcionamiento con autorización provisoria”.

El rectorado de esa Universidad estuvo a cargo de Luis Triviño primero y de Oscar Klier después. Luego, desde 1998 cuando distintos miembros del CEM ingresaron al Consejo de Administración de esa casa de estudios, fue Daniel Pereyra, actual director del Instituto de Juegos y Casinos, quien asumió ese cargo hasta que en enero pasó a la función pública.
Docentes.

En su informe publicado en mayo de 2008, la Coneau indica que 71% (273) del plantel docente de la Universidad de Congreso tiene título universitario de grado, 24% (91) tiene título de especialista o magister y 4% (15) título de doctorado.

Los 5 profesores restantes tienen títulos de pregrado universitario o terciario no universitario. En este aspecto, los auditores destacaron: “Cabe señalar que la Universidad de Congreso todavía no cuenta con un plantel docente que de acuerdo a su dedicación, permanencia en la institución y nivel de formación garantice la calidad académica…”.

El edificio. Otro problema que señalan los miembros de la Coneau apunta al edificio al que los alumnos concurren a clases, ubicado en calle Colón 90. La resolución señala que el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) “le otorgó el uso precario y gratuito del entrepiso, los pisos 1º a 6º, un salón en planta baja, cinco cocheras y los espacios de circulación.

No obstante, el 18 de noviembre de 2003 la Secretaría de Comunicaciones de la Nación dictó la Resolución Nº 93, por la que se hace una nueva asignación de parte de los espacios que ya habían sido dados en comodato anteriormente, ratificando las condiciones de ocupación, pero reduciendo la superficie asignada”.

Los auditores de la Coneau entendieron que “Esta intervención de la Secretaría de Comunicaciones ha dado lugar a un conflicto de competencias entre ésta y el Onabe, que aún no ha sido resuelto”.

Pero las autoridades de la Universidad hicieron otra interpretación del problema y contestaron: “la Universidad de Congreso señala que desarrolla sus actividades educativas desde hace más de diez años en el mismo edificio, ocupando progresivamente mayor cantidad de metros cuadrados. Por lo tanto, no pareciera haber ningún acontecimiento que pueda significar un riesgo para la prestación del servicio educativo”.

En la resolución de la Coneau se indica: “En el Informe Económico Financiero elaborado por el Ministerio de Educación se menciona, al respecto, la necesidad de que la Fundación acompañe el contrato de comodato vigente a fin de acreditar la ocupación de este edificio, propiedad del estado nacional”.

Las autoridades de la Universidad decidieron atender los reclamos sobre el edificio que le hacía la Coneau.

Así es como en la resolución emitida en mayo por esa repartición se señaló: “La situación de precariedad de uso del inmueble en que desarrolla sus actividades la Universidad de Congreso ha sido afrontada en 2003 a partir del compromiso de donación de un predio de 30.000 metros cuadrados por parte de la firma Dalvian SA a la Fundación Posgrado de Congreso por intermedio de su presidente, el señor Alfredo Luis Vila”.

Así las cosas, “en el Informe Anual 2005 se indicaba que la donación había sido aceptada, pero que se encontraba pendiente el estudio de títulos y la actualización de mensura correspondiente que permitiría iniciar la etapa de escrituración”.

El terreno donado por Dalvian fue tema de discusión entre los miembros del Consejo de Administración. En la reunión realizada el 2 de abril de 2007, el entonces presidente de ese órgano, Vicente Alfredo Romano explicó: “La donación ofrecida por Dalvian SA no se ha podido escriturar”.

Romano aceptó entonces la donación de un terreno ofrecido por Henri Lagarde SRL, según consta en el acta 160. Por su parte, la Coneau indicó: “Considerando la información presentada,... la Universidad de Congreso no cuenta con infraestructura edilicia que asegure sustentabilidad para el adecuado desarrollo de las funciones propias de una institución universitaria”.

Autoridades. El informe de la Coneau señaló que la UC envió copia del Acta 159 de fecha 26 de marzo de 2007 donde se definen los cargos del Consejo de Administración. Vicente Alfredo Romano fue elegido presidente; Enrique Pescarmona, vicepresidente primero; Daniel Vila, vicepresidente segundo (quien había ocupado la presidencia hasta el 2003 y se la había pasado a Orlando Terranova).

Como secretario ejecutivo eligieron a Jacques Matas, el cargo de tesorero quedó para Mario Groisman y fueron nombrados vocales Roberto Zaldívar y Orlando Terranova.

Pero, Coneau agregó: “En el Informe de Fiscalización elaborado por el Ministerio de Educación, con fecha 11 de setiembre de 2007, basado en la visita realizada los días 29 a 31 de agosto y 5 a 6 de setiembre del mismo año, se señala la siguiente composición del Consejo de Administración de la Fundación Posgrado de Congreso: Orlando Roberto Terranova (presidente), Enrique Pescarmona (vicepresidente primero), Daniel Eduardo Vila (vicepresidente segundo), Jaques Matas (secretario ejecutivo), Mario Efim Groisman (tesorero), Roberto Zaldívar (vocal) y Carlos Alberto López (vocal). Todos ellos según el acta 138 del 22/12/2003 y a Daniel Pereyra (rector) según acta 143 del 23/07/2004", y advirtió: “Tal como se observa, hay algunas diferencias entre la nómina incorporada al expediente y la presentada ante el Ministerio para la elaboración del Informe de Fiscalización.

Por lo tanto, se reitera la solicitud a la Universidad para que informe debidamente la composición del Consejo y sus antecedentes, así como las fechas correspondientes a la elección de sus integrantes".

El 26 de mayo de 2008, autoridades de la Universidad de Congreso presentaron ante la Dirección de Personas Jurídicas distintas actas y los balances de 2003 a 2006. Ahí está el acta 159 que presentaron ante la Coneau en donde designan a Romano como presidente del Consejo de Administración el 26 de marzo del 2007.

Unos días más tarde, el Consejo se volvió a reunir. El 2 de abril de 2007 trataron la renuncia de Orlando Terranova como vocal del Consejo de Administración. Así entonces, el puesto de Terranova fue ocupado por el vocal suplente José Luis Manzano, según consta en el acta 160. La aceptación de Manzano como vocal fue debatida y aceptada el 16 de abril, en el acta 161 se indica que Daniel Vila fue quien pidió tratar ese tema.

Ahora, los miembros de la Universidad de Congreso intentarán cumplir con el Proyecto Institucional presentado ante el Ministerio de Educación en marzo de 2000 y en el que establecían: “Promover el ejercicio de la investigación y de la docencia en un marco de excelencia académica… (y) la formación de profesionales que conformen una élite intelectual en el área de negocios”.

El rector Malcolm no ha respondido a los reiterados pedidos de diario Los Andes para dar la palabra oficial de la entidad académica.

El nuevo Consejo

Los nombres que se barajan para integrar el Consejo de Administración, fuentes que conocen de cerca la política universitaria de la UC, son: Daniel Vila, José Luis Manzano, Francisco Piñón, Ricardo Contreras, Mariana Testoni, Michael Stronach Hernández, Astrid Jünemann Ureta, Sergio Berensztein y Jorge Grispo. Este último es quien suena para ocupar el cargo de presidente.

Antecedente

Ya en mayo de 2001, Los Andes accedió a un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Allí detalló irregularidades económicas, jurídicas, administrativas y académicas.